Chantaje
miércoles, 11 de junio de 2008
A pesar de que, en primer lugar, debería aclarar mi posición acerca del nuevo conflicto social-laboral, me es imposible, dado que tengo mis dudas sobre la postura con mayor peso relativo de razón. No obstante, tengo muy definido, con una claridad meridiana, mi más absoluto desprecio por las tácticas cuatreras, coercitivas, delictivas de los transportistas que forman los piquetes a lo largo de la península. Y lo digo el mismo día, horas más tarde de que las circunstancias hayan acabado con una vida y a punto de hacerla con otra.
El derecho a la huelga es fundamental. La posibilidad de manifestar una realidad laboral injusta de acuerdo al parecer de los trabajadores sin verse penalizados por ello supone uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta el equilibrio de la estructura social. Pero esta estabilidad se ve perturbada cuando, en nombre de la potencial injusticia y con objeto de hacerse un mayor eco de las reivindicaciones, se superan las libertades de los demás, amenazando incluso su integridad.
El chantaje, la amenaza, los insultos, el miedo no son medidas legítimas de lucha. La misma libertad para ir a la huelga que tienen los transportistas deben de disfrutarla los ajenos al sector o los que han decidido no sumirse a las reivindicaciones. Porque, por el mismo motivo, aquellos que ven entorpecida o incluso imposibilidata su actividad laboral habitual, en lugar de por el elevado precio de las materias primas, por la actitud mafiosa de los transportistas, puede considerar igualmente válido atentar contra la integridad física o de su patrimonio, en este caso el camión, de los manifestantes. Es decir, la ley de la selva. Acepto la actividad de los piquetes informativos, siempre y cuando su labor sea la aclaración de las pretensiones y demandas de los huelguistas. En el momento en que se rebasa esos límites, apelando a la coacción para sumar adeptos a la lucha, la batalla pierde su justificación. Es más, podríamos entender que si para podemos defender una demanda o incrementar la masa social de apoyo, se debe apelar a la fuerza física y no a la razón, las reivindicaciones adolecen de legitimidad.
El menor favor que le hacen tanto a la lucha como a todas las partes implicadas son las fuerzas del orden. En el diario El País, comentaban ayer que, mientras los transportistas colapsaban los accesos a la M-30, el efecto embudo reducía el único carril libre a un lento discurrir de conductores furiosos. A uno de ellos, en realidad una, una de los guardias le multó por ir hablando con su celular, estando esto prohibido. ¿Este agente de seguridad acaso no considera de una mayor gravedad la cantidad de vehículos varados en los accesos a una de las principales vías de circulación de la periferia de Madrid? ¿Es moralmente aceptable sancionar a una víctima de las acciones, no olvidemos, ilegales de los manifestantes en aplicar la justicia sobre infractores o infracciones de mayor gravedad? Permitir el chantaje es legitimarlo.
El derecho a la huelga es fundamental. La posibilidad de manifestar una realidad laboral injusta de acuerdo al parecer de los trabajadores sin verse penalizados por ello supone uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta el equilibrio de la estructura social. Pero esta estabilidad se ve perturbada cuando, en nombre de la potencial injusticia y con objeto de hacerse un mayor eco de las reivindicaciones, se superan las libertades de los demás, amenazando incluso su integridad.
El chantaje, la amenaza, los insultos, el miedo no son medidas legítimas de lucha. La misma libertad para ir a la huelga que tienen los transportistas deben de disfrutarla los ajenos al sector o los que han decidido no sumirse a las reivindicaciones. Porque, por el mismo motivo, aquellos que ven entorpecida o incluso imposibilidata su actividad laboral habitual, en lugar de por el elevado precio de las materias primas, por la actitud mafiosa de los transportistas, puede considerar igualmente válido atentar contra la integridad física o de su patrimonio, en este caso el camión, de los manifestantes. Es decir, la ley de la selva. Acepto la actividad de los piquetes informativos, siempre y cuando su labor sea la aclaración de las pretensiones y demandas de los huelguistas. En el momento en que se rebasa esos límites, apelando a la coacción para sumar adeptos a la lucha, la batalla pierde su justificación. Es más, podríamos entender que si para podemos defender una demanda o incrementar la masa social de apoyo, se debe apelar a la fuerza física y no a la razón, las reivindicaciones adolecen de legitimidad.
El menor favor que le hacen tanto a la lucha como a todas las partes implicadas son las fuerzas del orden. En el diario El País, comentaban ayer que, mientras los transportistas colapsaban los accesos a la M-30, el efecto embudo reducía el único carril libre a un lento discurrir de conductores furiosos. A uno de ellos, en realidad una, una de los guardias le multó por ir hablando con su celular, estando esto prohibido. ¿Este agente de seguridad acaso no considera de una mayor gravedad la cantidad de vehículos varados en los accesos a una de las principales vías de circulación de la periferia de Madrid? ¿Es moralmente aceptable sancionar a una víctima de las acciones, no olvidemos, ilegales de los manifestantes en aplicar la justicia sobre infractores o infracciones de mayor gravedad? Permitir el chantaje es legitimarlo.
Etiquetas: Sociedad
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