El político
miércoles, 3 de octubre de 2007
Llevo días, o más bien semanas pensando en tratar un tema que, en las ocasiones que lo enunciado en voz alta, en reuniones de amigos, ha provocado extrañeza, debate e incluso polémica. Se trata del derecho al voto o, siendo más concretos a ejercer dicho derecho o no.
Vaya por delante que yo no voto. Sólo he depositado mi sobre en la urna en una ocasión, en unas generales, las del año 2000, si la memoria no me falla, en las que Batasuna (o EH o HB, o como se llamara entonces) manifestó su intención de declarar como propios todas las abstenciones y votos nulos que se dieran en Euskadi. Pero salvo coacciones o manipulaciones políticas de ese calibre, no suelo personarme en el colegio electoral asignado esos domingos. ¿La razón? A mucho les parecerá peregrino pero mi motivación es la no ya la desconfianza si no el descrédito que el sistema político de este país ha evidenciado desde que tengo uso de razón (política). No se trata de que no me convenzan los candidatos o los programas de los partidos. Es una cuestión de confianza en el sistema político en general, en su definición teórica pero esencialmente práctica. Y dado que el voto en blanco se considera una declaración de indiferencia de los partidos pero confianza en el sistema que organiza las instituciones políticas del país, tampoco es esta la respuesta.
Sin entrar en los conceptos teóricos de la organización del poder ejecutivo (representatividad de la regiones, el papel del Senado, la necesidad de coaliciones), quiero sustentar mi decisión en dos realidades, si bien una de ellas es más una hipótesis pero que de darse, sería una consecuencia del sistema y no un planteamiento del mismo.
En la Congreso de los Diputados, en frente del partido que gobierna el país, se sitúa el siguiente que mayor número de votos, o mejor dicho, de escaños (o no) ha logrado. La denominada oposición. Esa cámara, ese habitáculo en el que se congregan, supuestamente, para dirigir, de la manera más diligente posible, los designios y el futuro del país. Es decir, el común objetivo es determinar los mejor para la nación y tratar del alcanzarlo. El medio es el debate de las posiciones representadas en los distintos partidos. La realidad es bien distinta. Lo que vemos no es la colaboración entre las partes, si no una constante confrontación y recriminación en aras de mermar la imagen pública del individuo de enfrente y alcanza el mando del estado. En una empresa, un comportamiento como ése no tendría otro fin que el despido sin miramientos. Los distintos componentes de un grupo de trabajo deben tratar de alcanzar un acuerdo, un consenso que permita maximizar el beneficio del conjunto minimizando el perjuicio del individuo o de cada colectivo.
El segundo de los motivos que suelo utilizar es una hipótesis, aunque como siempre, la realidad supera a la ficción y las últimas elecciones municipales dejaron un ejemplo que hace innecesaria elucubrar. Puede que se tomar a la ligera un tema tan escabroso, pero ejemplifica perfectamente mi postura. En el municipio de Lizartza, en Gipuzkoa, la población electoral, el número de personas con derecho a voto asciende a 509 individuos. En las últimas elecciones, 154 personas se abstuvieron y hubo 186 emitieron votos nulos. Dada la realidad política del municipio podríamos cometer la perversión de asumir que ambos conjuntos son personas que no han podido votar a quien deseaban. Es decir, que 340 personas, el 66,8%. Pero además, 142 persona no incluyeron papeleta alguna en el sobre que depositaron en la urna. Por tanto, podemos concluir que el 94,7% de la población no mostraba una alternativa de voto satisfactoria a sus inquietudes políticas. Mi pregunta es la siguiente: con un representatividad del 5,3%, ¿cómo puede gobernar un partido? ¿Cuál es su legitimidad? ¿En qué basa su derecho a dirigir a una población que no le apoya, de acuerdo a los resultados? ¿27 votos son suficientes? ¿Cuál es el mínimo? ¿Con uno también se personificaría la figura del mandatario? ¿Acaso no sería más lógico encontrar una fórmula que responda a las necesidades de la población, acorde a la legislación, al orden moral y ético?
Mi voto es a la necesidad de un cambio estructural a la política de este país, al saneamiento de las altas esferas y a la renovación de las ideas, a la relevancia de la comunidad, de su voz, del bien común, de la razón.
Vaya por delante que yo no voto. Sólo he depositado mi sobre en la urna en una ocasión, en unas generales, las del año 2000, si la memoria no me falla, en las que Batasuna (o EH o HB, o como se llamara entonces) manifestó su intención de declarar como propios todas las abstenciones y votos nulos que se dieran en Euskadi. Pero salvo coacciones o manipulaciones políticas de ese calibre, no suelo personarme en el colegio electoral asignado esos domingos. ¿La razón? A mucho les parecerá peregrino pero mi motivación es la no ya la desconfianza si no el descrédito que el sistema político de este país ha evidenciado desde que tengo uso de razón (política). No se trata de que no me convenzan los candidatos o los programas de los partidos. Es una cuestión de confianza en el sistema político en general, en su definición teórica pero esencialmente práctica. Y dado que el voto en blanco se considera una declaración de indiferencia de los partidos pero confianza en el sistema que organiza las instituciones políticas del país, tampoco es esta la respuesta.
Sin entrar en los conceptos teóricos de la organización del poder ejecutivo (representatividad de la regiones, el papel del Senado, la necesidad de coaliciones), quiero sustentar mi decisión en dos realidades, si bien una de ellas es más una hipótesis pero que de darse, sería una consecuencia del sistema y no un planteamiento del mismo.
En la Congreso de los Diputados, en frente del partido que gobierna el país, se sitúa el siguiente que mayor número de votos, o mejor dicho, de escaños (o no) ha logrado. La denominada oposición. Esa cámara, ese habitáculo en el que se congregan, supuestamente, para dirigir, de la manera más diligente posible, los designios y el futuro del país. Es decir, el común objetivo es determinar los mejor para la nación y tratar del alcanzarlo. El medio es el debate de las posiciones representadas en los distintos partidos. La realidad es bien distinta. Lo que vemos no es la colaboración entre las partes, si no una constante confrontación y recriminación en aras de mermar la imagen pública del individuo de enfrente y alcanza el mando del estado. En una empresa, un comportamiento como ése no tendría otro fin que el despido sin miramientos. Los distintos componentes de un grupo de trabajo deben tratar de alcanzar un acuerdo, un consenso que permita maximizar el beneficio del conjunto minimizando el perjuicio del individuo o de cada colectivo.
El segundo de los motivos que suelo utilizar es una hipótesis, aunque como siempre, la realidad supera a la ficción y las últimas elecciones municipales dejaron un ejemplo que hace innecesaria elucubrar. Puede que se tomar a la ligera un tema tan escabroso, pero ejemplifica perfectamente mi postura. En el municipio de Lizartza, en Gipuzkoa, la población electoral, el número de personas con derecho a voto asciende a 509 individuos. En las últimas elecciones, 154 personas se abstuvieron y hubo 186 emitieron votos nulos. Dada la realidad política del municipio podríamos cometer la perversión de asumir que ambos conjuntos son personas que no han podido votar a quien deseaban. Es decir, que 340 personas, el 66,8%. Pero además, 142 persona no incluyeron papeleta alguna en el sobre que depositaron en la urna. Por tanto, podemos concluir que el 94,7% de la población no mostraba una alternativa de voto satisfactoria a sus inquietudes políticas. Mi pregunta es la siguiente: con un representatividad del 5,3%, ¿cómo puede gobernar un partido? ¿Cuál es su legitimidad? ¿En qué basa su derecho a dirigir a una población que no le apoya, de acuerdo a los resultados? ¿27 votos son suficientes? ¿Cuál es el mínimo? ¿Con uno también se personificaría la figura del mandatario? ¿Acaso no sería más lógico encontrar una fórmula que responda a las necesidades de la población, acorde a la legislación, al orden moral y ético?
Mi voto es a la necesidad de un cambio estructural a la política de este país, al saneamiento de las altas esferas y a la renovación de las ideas, a la relevancia de la comunidad, de su voz, del bien común, de la razón.
Etiquetas: Política
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